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INFORME DE VALORACIÓN PROCESO PRIMARIAS CIUDADANOS
El presente informe se ha realizado a petición de varios afiliados y miembros del Partido Político Ciudadanos, con una trayectoria contrastada desde hace varios años.
El principal encargo de este informe consiste en analizar las posibles responsabilidades legales que se hayan dirimido tras la votación de las primarias dentro del Partido Político de Ciudadanos en diversas comunidades de España.
Por nuestra parte, tenemos constancia, que tras las irregularidades cometidas y asociadas a la candidatura de Castilla y León, se ha solicitado por diversos dirigentes a la Comisión de Valores y Garantías del partido de Ciudadanos una auditoría externa, con el desglose pormenorizado de los votos de las primarias detallado minuto a minuto, así como las direcciones IPs con el fin de localizar los ordenadores desde donde se efectuaron extrañas concentraciones de votos desde las mismas direcciones IPs, contribuyendo con ello a demostrar la transparencia y garantía del sistema telemático empleado por el Partido actualmente en las votaciones.
Hasta la fecha, la Comisión de Garantías ha respondido con evasivas y acreditaciones parciales de poco interés para lo pretendido por las personas que nos encargan este informe, lo que nos puede llevar a confirmar que efectivamente no se han adoptado todos los mecanismos viables internamente dentro de un partido que se presume leal y transparente en el cumplimiento de sus obligaciones, perturbando el real recuento de las votaciones, presumiendo estar alterada la fiabilidad con la que se han emitido los mismos.
Por todo ello, considerando que se han vulnerado todos los trámites legales establecidos para el voto telemático, simulando y manipulando con engaño y temeridad el recuento y votación de los afiliados del partido, entendemos que se habría incurrido en una responsabilidad penal del artículo 31 bis de nuestro Código Penal, vulnerando los deberes que le son propios en el ejercicio de las actividades de una organización, actuando en nombre o por cuenta del partido político, para intereses ajenos y de terceros.

Así mismo, entendemos que se ha omitido la adopción de medidas de precaución y control exigibles para garantizar el desarrollo legal de su actividad, sin prestar la debida y razonable diligencia conforme a las circunstancias del caso, aplicando las medidas técnicas, organizativas y personales fundamentalmente vinculadas a los protocolos de minimización de riesgos delictivos y a los códigos de ética y conducta recogidos en los propios estatutos del partido, sobre todo en lo concerniente a su artículo 12.
Por todo ello, y tras un análisis pormenorizado de las actuaciones reseñadas, así como de las evidencias que nos constatan, es clara la conducta delictiva, toda vez que se ha obstaculizado el leal funcionamiento del sistema telemático como objeto del delito, todo ello reconocido no solo en nuestra legislación, sino recogido igualmente en la propia Convención sobre Ciberdelincuencia y en la Directiva 2013/40/ UE de 12 de agosto, poniendo de manifiesto la importancia de los sistemas de información, siendo un elemento esencial para la interacción política, social y económica en la Unión Europea.
Estos determinados comportamientos surgidos al hilo del desarrollo tecnológico han supuesto una amenaza por los riesgos que generan, haciéndose acreedoras de todo reproche penal, extendiendo la responsabilidad penal a personas jurídicas responsables del ilícito, quienes han debido velar por el buen funcionamiento y la seguridad de estos sistemas, garantizando un adecuado nivel de prevención y protección de los sistemas informáticos, así como la debida persecución de la verdad ante posibles irregularidades, establecer las sanciones correspondientes en atención a la importancia de los daños causados, produciendo perjuicios muy superiores a los posiblemente evaluables económicamente.

Por ello, queremos poner de manifiesto que la actuación llevada a cabo por las personas implicadas en este caso podría suponer un Delito de Falsedad Documental, Corrupción entre Particulares, Delito de Revelación de Secretos, y Daños Informáticos, tipificados todos ellos en nuestra legislación, sin perjuicio de los delitos que se derivasen en el transcurso de la investigación.
Tratamos de delitos que incluyen conductas donde se persigue conseguir un resultado a través de un sistema informático, obstaculizando de forma grave el real proceder de un sistema de votos en un partido político, simulando y falsificando el verdadero resultado electoral.

Hemos de advertir a los afiliados a este Partido Político que, conforme a la reforma del Código Penal operada en 2015, y en base a los artículos 31 bis y 33 de dicho texto legal, el inicio de las presentes actuaciones llevará implícito perjuicios irreparables para el buen nombre del Partido, sin perjuicio de las responsabilidades penales que mereciese.

CONCLUSION FINAL
A la vista de lo expresado, bajo nuestra consideración y salvo mejor criterio, es viable el pleito que se pretende iniciar por parte de estas personas, mediante la interposición de una querella con bastantes garantías de éxito, acción que tendría que llevarse a cabo en el territorio español, por tener Jurisdicción para conocer sobre los hechos que se enjuiciarían en un futuro procedimiento, correspondiendo la competencia territorial al partido Judicial del lugar donde se hayan cometido los mismos, salvo que se iniciase una acción conjunta por parte de los afectados o perjudicados del caso.
En Madrid, a 19 de Marzo de 2019.

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